http://www.elpais.com/articulo/sociedad/recortes/dejan/fuera/servicio/34/ambulancias/Cataluna/elpepisoc/20110728elpepisoc_4/Tes
Los recortes dejan fuera de servicio al menos 34 ambulancias en Cataluña
FERRAN BALSELLS - Barcelona - 28/07/2011
La sanidad pública catalana también retrasará su tiempo de respuesta este verano: a la reducción de horarios en un centenar de centros sanitarios, 40 de ellos clausurados durante el mes de agosto, se añade la reducción del servicio de ambulancias. Un portavoz del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) admitió ayer que el objetivo del Departamento de Salud es reducir un 6% anual los servicios prestados por este organismo, lo que equivale a dejar aparcadas y sin personal 34 de las 320 ambulancias del SEM que tienen turnos de 12 horas.
CC OO, UGT y USOC sostienen que los recortes aún serán más duros en lo que queda de año, ya que al tener que lograr un ahorro del 6% anual en apenas seis meses, la reducción de aquí a final de año superará el equivalente a medio centenar de vehículos. Salud revisará tras el verano el ahorro logrado con este recorte antes de decidir si emprende nuevos ajustes para alcanzar el objetivo del 6% anual o suaviza el tijeretazo. Los trabajadores del sector, por su parte, empezaron ayer una huelga indefinida contra los recortes.
La medida deja, por ejemplo, extensas comarcas, como la del Ripollès, con dos vehículos sanitarios, uno de los cuales, además, está ocupado trasladando pacientes entre la zona y el hospital Josep Trueta de Girona, a casi tres horas de distancia. Decenas de municipios de esta y otras zonas claman estos días contra los recortes. "No entendemos que reduzcan este servicio: de la capacidad de respuesta de estas ambulancias dependen vidas. Una urgencia suele ser cuestión de poco tiempo", lamentó Gervasi Aspa (ERC), alcalde de Deltebre (Baix Ebre, 12.000 habitantes). La localidad aprobó en pleno municipal una moción por la que rechaza los recortes de la Generalitat.
Salud señala que mantiene un centenar de unidades de apoyo vital avanzado e intermedio, y que los criterios para el recorte tienen en cuenta el horario de los centros sanitarios, por lo que se seguirá atendiendo todas las urgencias, aunque sea más tarde. El tiempo medio pasará de 10 a 20 minutos, calculan fuentes de Salud.
Los sindicatos alertan de que en zonas aisladas la espera por una urgencia puede alargarse hasta 50 minutos porque los vehículos deberán cubrir emergencias fuera su zona de cobertura habitual. "Y si a la ambulancia que cubre varias localidades se le solapan dos o más servicios, la demora puede alargarse horas", avisa un portavoz de UGT.
Las localidades de mediano y pequeño tamaño que se hallan más alejadas de Barcelona son las más afectadas por el tijeretazo de vehículos sanitarios de emergencia. Las comarcas de Girona y las de la Cataluña central pierden cerca de un centenar de horas diarias de servicio cada una, el equivalente a dejar en el garaje unas 10 ambulancias, según los sindicatos. La zona de Tarragona pierde unas 78 horas de servicio diario, además de las cerca de 60 horas que se recortan en las comarcas del Ebro, señalan fuentes de Salud. El comité de ambulancias de Reus, por su parte, denuncia que se han reducido de 25 a 20 las ambulancias operativas en la zona de Tarragona. El área barcelonesa pierde unas 75 horas diarias, por 63 horas de Lleida, informa Lluís Visa. El Alto Pirineo pierde 30 horas de servicio diario y el Baix Llobregat cede 72 horas.
La Cataluña interior y las comarcas gerundenses se han echado a la calle para recuperar los servicios de ambulancias recortados por la Generalitat, incluidas localidades con alcaldes de CiU, el mismo partido que orquesta los recortes. Más de 1.500 personas se han adherido a las protestas en Igualada, ciudad de 40.000 habitantes ha perdido una de las dos ambulancias de 24 horas. Este vehículo pasará ahora a cubrir únicamente el turno de medianoche, hasta las ocho de la mañana. "Aunque esa ambulancia realice solo una salida al día, si sirve para salvar una vida, no tiene precio", reza el manifiesto promovido por los sindicatos de la localidad, que ya han recogido unas 16.000 firmas.
En el ripollès, comarca de montaña, solo dos ambulancias deben cubrir una zona montañosa de unos 1.000 kilómetros cuadrados de extensión. "Es un área desprotegida. Si una ambulancia debe trasladar algún paciente al hospital más cercano, en Girona capital, ya tiene unas tres horas de trayecto", señala Lourdes Alsina, de CC OO.
divendres, 29 de juliol del 2011
Rebelión contra el copago en Italia.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Rebelion/copago/Italia/elpepusoc/20110728elpepisoc_2/Tes
El ajuste sanitario
Rebelión contra el copago en Italia
Las regiones se niegan a cobrar los 10 euros por consulta y 25 por urgencias, que se suman a cargos ya existentes - Para ciertos tratamientos, compensa ir a la privada
LUCIA MAGI - Lecce - 28/07/2011
Manifestación de profesionales sanitarios en Roma contra los ajustes en la sanidad pública implantados por Berlusconi.- FILIPPO MONTEFORTE (AFP)
La señora detrás del cristal desgrana las frases en voz alta y con paciencia lo repite otra vez: "Hay que pagar diez euros más, se trata de una nueva cuota fija por cada visita médica". La pareja al otro lado de la ventanilla no se lo puede creer. "¡Pero si el mismo análisis me costó la mitad hace un mes!", exclama él, manos gordas de obrero y pantalones manchados de cal. "Es una ley nacional, lo siento mucho", se excusa la señora. Cosimo De Florio, 42 años, albañil, tuvo una sorpresa agria ayer: acudió a la oficina donde se cobra el copago sanitario porque tenía que hacerse un examen pulmonar, prescrito por su médico. "La última vez pagué 12,97 euros. Hoy 22,97". En el hospital público Vito Fazzi de Lecce, en el tacón de Italia, región de Apulia, la escena se repite casi idéntica en la sala donde se pide cita para las visitas de médicos especialistas: ciudadanos enfurecidos y funcionarios que se defienden con la distancia de quien ejecuta una orden a su pesar.
Las instituciones locales exigen "una vía más equitativa" para los ajustes
"Vamos a un modelo americano; habrá que tener seguro", dice una médicaA partir del 18 de julio, una nueva norma estatal establece el cobro de 10 euros para controles sanitarios prescritos por el médico de familia y 25 euros por los ingresos en urgencias en el nivel más bajo de gravedad, los llamados códigos blancos. Se trata de la medida más controvertida entre los recortes efectuados por el Gobierno de Silvio Berlusconi aprobados la semana pasada para calmar mercados y colegas europeos: Italia tiene que sanear su deuda y gastar menos. Entre otras medidas, el Ejecutivo ha pensado en hacer caja con las prestaciones sanitarias en los hospitales y ambulatorios públicos. Lo que ha azuzado la rebelión de las instituciones locales. Una mayoría de regiones, responsables de la sanidad, se niega a aplicar la fórmula, al menos tal y como la previó el gobierno.
Las regiones pidieron ayer entrevistarse de forma urgente con el ministro de Salud, Ferruccio Fazio. "El Gobierno tiene que encontrar una vía más equitativa y menos dañina para llevar dinero a las arcas públicas", resume Vasco Errani, presidente de la Conferencia de las Regiones, una asamblea que reúne a todos los gobernadores de las 20 comunidades. Errani administra Emilia Romagna, un bastión de la izquierda (él, hombre fuerte del Partido Democrático, está en su tercer mandato). Pero su contrariedad expresa el sentimiento general de los responsables locales. Regiones de derechas, como Veneto y Cerdeña, también han rehusado sumar el nuevo copago al anterior.
En Italia el copago existe desde 1978. Además de algunos fármacos, se pagan las vistas a los médicos especialistas y los análisis, hasta un techo de 36,15 euros. Lo demás lo pone el Estado. Por ejemplo, un electrocardiograma cuesta 11 euros (de media) y un análisis de orina, tres. Con la nueva ley, los ciudadanos deben desembolsar 10 euros más. "Una especie de billete de acceso a la sanidad pública, una tasa encubierta", la define Nerina Dirindin, catedrática de Economía Pública en la Universidad de Turín. "Porque ya no te están cobrando por lo que le cuesta al Estado la prueba, sino que piden dinero por el simple hecho de requerirla. Es como cuando se paga la entrada a un parque de atracciones y luego, una vez dentro, se ponen monedas para subir a la montaña rusa o a la noria", dice. Por cierto, el copago en Italia se llama ticket.
"El problema es político", exclama Paola Povera, enfermera jefa de la unidad de Obstetricia en el Vito Fazzi. "Es verdad que hay especulaciones, corrupción y despilfarros. Hay que racionalizar los recursos. Pero los pacientes no deben pagar por los errores de los directivos. Reduzcamos los costes de la política, cortemos otros sectores, pero la gente tiene que poderse curar", sigue.
"Esta medida es una sentencia de muerte para la sanidad pública", concuerda Francesca Moccia, coordinadora nacional del Tribunal para la Defensa de los Enfermos. "Hemos abierto un servicio llamado SOS Ticket. La gente nos cuenta que con el nuevo copago, para muchas prestaciones de bajo coste conviene más acudir a una clínica privada", explica. Las cuentas son elementales: un análisis de orina cuesta ahora 13 euros. Un laboratorio privado puede ofrecerlo por 5 y en menos tiempo. Solo para cosas más caras, como una resonancia magnética, conviene aún lo público.
Allí está la triquiñuela. Hecha la ley, hecha la trampa: una norma pensada para que entre más dinero en el erario público, acaba favoreciendo a la sanidad privada. El punto de vista de la economista Dirindin es tajante: "Considero útil el copago: una pequeña suma de dinero sensibiliza al ciudadano sobre el hecho de que la prestación sanitaria tiene costes para el Estado y no hay que abusar. Pero la forma concebida por el Gobierno es inútil e ineficaz".
La medida tampoco gusta a Pina Tommasielli, médica de familia en un barrio popular de Nápoles y concejal en la nueva junta municipal de la Italia de los Valores. "El país se encamina hacia un sistema americano, donde para tener buenos cuidados hay que tener un seguro privado. Vamos hacia una sanidad de doble velocidad: una para los ricos y otra para los pobres", dice.
El copago afecta a todos los ciudadanos que tengan entre seis y 65 años, una renta familiar superior a los 11.000 euros anuales y que no presenten patologías crónicas y graves (por ejemplo enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Dos tercios de la población queda exenta.
Errani no lo duda: "Se trata de una elección equivocada, que provoca inequidad y daña el sistema sanitario nacional. Hay que buscar soluciones alternativas".
Mientras, algunas zonas del país se han resignado a poner en marcha la medida. La rica Lombardía, cuya capital es Milán, es casi la única que no ha rechistado. Su presidente, Roberto Formigoni (Pueblo de la Libertad), declaró que no se puede boicotear una ley, engendrando problemas a las arcas del Estado. Sicilia, otro bastión azul, se alineó también, pero a los pocos días bloqueó el cobro adicional por las protestas de médicos y pacientes. "Yo no razono como un consejero delegado de una empresa", dice Giacomo Ingarao, médico de urgencias en el mayor hospital público de Palermo. "Si un análisis de sangre le cuesta al paciente 46 euros, me lo pienso dos veces antes de prescribirlo. Y el paciente duda aún más de hacérselo. Eso comporta un detrimento de la cobertura sanitaria. La gente puede dejar de ir al médico".
Apulia, gobernada por Nichi Vendola, de Sinistra Ecologia y Libertad (similar a Izquierda Unida) está entre las primeras que se disciplinaron: como muchas regiones italianas, su sanidad está en números rojos. Maria Teresa Stanca sale de la oficina del ticket de Lecce con aire abatido: "Me parto la espalda limpiando pisos y me toca pagar 46 euros para una radiografía. Si no me doliera tanto aguantaría, pero no puedo. Le voy a pedir dinero a mi hermana", dice volviendo a doblar en el bolso la receta del médico.
Nuevas normas
- En 1978 se introduce el copago en Italia para aumentar los ingresos y disuadir a los ciudadanos del abuso de fármacos y prestaciones.
- Los ciudadanos pagan una parte de algunos fármacos, visitas a especialistas y análisis. Hasta 36 euros.
- Quedan exentos los menores de seis años y mayores de 65, los que tengan una renta familiar inferior a 11.000 euros y los enfermos de patologías importantes y crónicas.
- Cambian las reglas de acceso a urgencias: los pacientes sin síntomas graves o urgentes pagarán 25 euros.
El ajuste sanitario
Rebelión contra el copago en Italia
Las regiones se niegan a cobrar los 10 euros por consulta y 25 por urgencias, que se suman a cargos ya existentes - Para ciertos tratamientos, compensa ir a la privada
LUCIA MAGI - Lecce - 28/07/2011
Manifestación de profesionales sanitarios en Roma contra los ajustes en la sanidad pública implantados por Berlusconi.- FILIPPO MONTEFORTE (AFP)
La señora detrás del cristal desgrana las frases en voz alta y con paciencia lo repite otra vez: "Hay que pagar diez euros más, se trata de una nueva cuota fija por cada visita médica". La pareja al otro lado de la ventanilla no se lo puede creer. "¡Pero si el mismo análisis me costó la mitad hace un mes!", exclama él, manos gordas de obrero y pantalones manchados de cal. "Es una ley nacional, lo siento mucho", se excusa la señora. Cosimo De Florio, 42 años, albañil, tuvo una sorpresa agria ayer: acudió a la oficina donde se cobra el copago sanitario porque tenía que hacerse un examen pulmonar, prescrito por su médico. "La última vez pagué 12,97 euros. Hoy 22,97". En el hospital público Vito Fazzi de Lecce, en el tacón de Italia, región de Apulia, la escena se repite casi idéntica en la sala donde se pide cita para las visitas de médicos especialistas: ciudadanos enfurecidos y funcionarios que se defienden con la distancia de quien ejecuta una orden a su pesar.
Las instituciones locales exigen "una vía más equitativa" para los ajustes
"Vamos a un modelo americano; habrá que tener seguro", dice una médicaA partir del 18 de julio, una nueva norma estatal establece el cobro de 10 euros para controles sanitarios prescritos por el médico de familia y 25 euros por los ingresos en urgencias en el nivel más bajo de gravedad, los llamados códigos blancos. Se trata de la medida más controvertida entre los recortes efectuados por el Gobierno de Silvio Berlusconi aprobados la semana pasada para calmar mercados y colegas europeos: Italia tiene que sanear su deuda y gastar menos. Entre otras medidas, el Ejecutivo ha pensado en hacer caja con las prestaciones sanitarias en los hospitales y ambulatorios públicos. Lo que ha azuzado la rebelión de las instituciones locales. Una mayoría de regiones, responsables de la sanidad, se niega a aplicar la fórmula, al menos tal y como la previó el gobierno.
Las regiones pidieron ayer entrevistarse de forma urgente con el ministro de Salud, Ferruccio Fazio. "El Gobierno tiene que encontrar una vía más equitativa y menos dañina para llevar dinero a las arcas públicas", resume Vasco Errani, presidente de la Conferencia de las Regiones, una asamblea que reúne a todos los gobernadores de las 20 comunidades. Errani administra Emilia Romagna, un bastión de la izquierda (él, hombre fuerte del Partido Democrático, está en su tercer mandato). Pero su contrariedad expresa el sentimiento general de los responsables locales. Regiones de derechas, como Veneto y Cerdeña, también han rehusado sumar el nuevo copago al anterior.
En Italia el copago existe desde 1978. Además de algunos fármacos, se pagan las vistas a los médicos especialistas y los análisis, hasta un techo de 36,15 euros. Lo demás lo pone el Estado. Por ejemplo, un electrocardiograma cuesta 11 euros (de media) y un análisis de orina, tres. Con la nueva ley, los ciudadanos deben desembolsar 10 euros más. "Una especie de billete de acceso a la sanidad pública, una tasa encubierta", la define Nerina Dirindin, catedrática de Economía Pública en la Universidad de Turín. "Porque ya no te están cobrando por lo que le cuesta al Estado la prueba, sino que piden dinero por el simple hecho de requerirla. Es como cuando se paga la entrada a un parque de atracciones y luego, una vez dentro, se ponen monedas para subir a la montaña rusa o a la noria", dice. Por cierto, el copago en Italia se llama ticket.
"El problema es político", exclama Paola Povera, enfermera jefa de la unidad de Obstetricia en el Vito Fazzi. "Es verdad que hay especulaciones, corrupción y despilfarros. Hay que racionalizar los recursos. Pero los pacientes no deben pagar por los errores de los directivos. Reduzcamos los costes de la política, cortemos otros sectores, pero la gente tiene que poderse curar", sigue.
"Esta medida es una sentencia de muerte para la sanidad pública", concuerda Francesca Moccia, coordinadora nacional del Tribunal para la Defensa de los Enfermos. "Hemos abierto un servicio llamado SOS Ticket. La gente nos cuenta que con el nuevo copago, para muchas prestaciones de bajo coste conviene más acudir a una clínica privada", explica. Las cuentas son elementales: un análisis de orina cuesta ahora 13 euros. Un laboratorio privado puede ofrecerlo por 5 y en menos tiempo. Solo para cosas más caras, como una resonancia magnética, conviene aún lo público.
Allí está la triquiñuela. Hecha la ley, hecha la trampa: una norma pensada para que entre más dinero en el erario público, acaba favoreciendo a la sanidad privada. El punto de vista de la economista Dirindin es tajante: "Considero útil el copago: una pequeña suma de dinero sensibiliza al ciudadano sobre el hecho de que la prestación sanitaria tiene costes para el Estado y no hay que abusar. Pero la forma concebida por el Gobierno es inútil e ineficaz".
La medida tampoco gusta a Pina Tommasielli, médica de familia en un barrio popular de Nápoles y concejal en la nueva junta municipal de la Italia de los Valores. "El país se encamina hacia un sistema americano, donde para tener buenos cuidados hay que tener un seguro privado. Vamos hacia una sanidad de doble velocidad: una para los ricos y otra para los pobres", dice.
El copago afecta a todos los ciudadanos que tengan entre seis y 65 años, una renta familiar superior a los 11.000 euros anuales y que no presenten patologías crónicas y graves (por ejemplo enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes). Dos tercios de la población queda exenta.
Errani no lo duda: "Se trata de una elección equivocada, que provoca inequidad y daña el sistema sanitario nacional. Hay que buscar soluciones alternativas".
Mientras, algunas zonas del país se han resignado a poner en marcha la medida. La rica Lombardía, cuya capital es Milán, es casi la única que no ha rechistado. Su presidente, Roberto Formigoni (Pueblo de la Libertad), declaró que no se puede boicotear una ley, engendrando problemas a las arcas del Estado. Sicilia, otro bastión azul, se alineó también, pero a los pocos días bloqueó el cobro adicional por las protestas de médicos y pacientes. "Yo no razono como un consejero delegado de una empresa", dice Giacomo Ingarao, médico de urgencias en el mayor hospital público de Palermo. "Si un análisis de sangre le cuesta al paciente 46 euros, me lo pienso dos veces antes de prescribirlo. Y el paciente duda aún más de hacérselo. Eso comporta un detrimento de la cobertura sanitaria. La gente puede dejar de ir al médico".
Apulia, gobernada por Nichi Vendola, de Sinistra Ecologia y Libertad (similar a Izquierda Unida) está entre las primeras que se disciplinaron: como muchas regiones italianas, su sanidad está en números rojos. Maria Teresa Stanca sale de la oficina del ticket de Lecce con aire abatido: "Me parto la espalda limpiando pisos y me toca pagar 46 euros para una radiografía. Si no me doliera tanto aguantaría, pero no puedo. Le voy a pedir dinero a mi hermana", dice volviendo a doblar en el bolso la receta del médico.
Nuevas normas
- En 1978 se introduce el copago en Italia para aumentar los ingresos y disuadir a los ciudadanos del abuso de fármacos y prestaciones.
- Los ciudadanos pagan una parte de algunos fármacos, visitas a especialistas y análisis. Hasta 36 euros.
- Quedan exentos los menores de seis años y mayores de 65, los que tengan una renta familiar inferior a 11.000 euros y los enfermos de patologías importantes y crónicas.
- Cambian las reglas de acceso a urgencias: los pacientes sin síntomas graves o urgentes pagarán 25 euros.
dimecres, 27 de juliol del 2011
dimarts, 26 de juliol del 2011
Cataluña cierra 40 centros de salud y obliga a derivar a miles de vecinos.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cataluna/cierra/centros/salud/obliga/derivar/miles/vecinos/elpepusoc/20110726elpepisoc_3/Tes
Cataluña cierra 40 centros de salud y obliga a derivar a miles de vecinos
Uno de cada diez ambulatorios parará en agosto y se limita la atención en el 25%
FERRAN BALSELLS / LLUÍS PELLICER - Barcelona - 26/07/2011
En plena campaña de recortes en la sanidad pública catalana, la Generalitat ha decidido cerrar este verano al menos 40 centros de atención primaria, uno de cada diez del total, lo que dejará sin estos servicios -que incluyen visitas médicas y urgencias- a decenas de municipios catalanes. La oleada de cierres alarma a los vecinos afectados, decenas de miles según estimaciones de los sindicatos, que en algunos casos deberán recorrer hasta 25 kilómetros para recibir atención sanitaria. Los Ayuntamientos que se han quedado sin urgencias temen además que la clausura se prorrogue indefinidamente ante la dureza de los ajustes económicos. "La mayoría serán cierres de centros que ya no abrirán: la Generalitat ha dado orden de cerrar el 50% de centros de atención continuada", advierte la responsable de sanidad de CC OO, Carme Navarro.
El Gobierno de CiU aún debe concretar los cierres de Lleida, Tarragona y Girona
Hasta 13 centros hospitalarios están amenazados por despidos colectivos
El Gobierno catalán, dirigido por el convergente Artur Mas, prevé recortar el 10% del presupuesto que destina a la sanidad -unos 1.000 millones de euros- y asume que esta secuencia de cierres aún se encuentra en proceso de planificación. "Todavía se está planificando pero en todo momento garantizaremos la atención sanitaria de calidad", asegura un portavoz del Departamento de Salud. Los vecinos y alcaldes de los municipios afectados, por ahora, no se lo creen. Salud mantiene un inquietante misterio en torno al futuro de los centros afectados: aún no ha decidido el total de ambulatorios que clausurará en agosto ni si la situación se prorrogará más allá del verano. "Ni ellos mismos saben qué cerrarán: improvisan en función de las presiones y del partido político que gobierna en cada Ayuntamiento", denuncia CC OO.
Los cierres anunciados se concentran mayoritariamente en la provincia de Barcelona, mientras el Gobierno catalán aún debe concretar cómo afectarán los recortes al resto de provincias -Tarragona, Girona y Lleida-. El departamento ha decidido además clausurar 33 centros en horario nocturno (generalmente de las diez de la noche a las ocho de la mañana), otros 13 durante el mediodía (de las doce a las tres de la tarde) y cerrar 11 durante el fin de semana. En total, quedan afectados 97 -la mayoría de localidades de tamaño mediano o pequeño, cuyos vecinos serán derivados a los centros de referencia más próximos- de los 368 ambulatorios de Cataluña; es decir, más del 25%, cuando aún quedan por determinar el grueso de cierres de otras tres provincias. "Tendrán una afectación similar", asume Salud, por lo que probablemente habrá decenas de clausuras en agosto. Los empleados afectados serán derivados a otros o tendrán vacaciones al tiempo que se prescindirá del personal eventual.
Cerrar a candado centros sanitarios de forma tan masiva supone una medida inédita en la sanidad pública catalana. La caída asistencial propia de cada verano se traducía en clausuras parciales de las urgencias, habitualmente de noche o de mediodía, mientras en alguna ocasión excepcional se decretaba el cierre total del centro para realizar obras o remodelaciones. "Los sindicatos incluso pedíamos el cierre de algún ambulatorio periférico por falta de personal y de recursos, pero la Generalitat se negaba". Este verano ocurre lo contrario: los cierres se suceden pese a las quejas de vecinos y Ayuntamientos, algunos del mismo color político que el que orquesta los recortes. "Expresamos la preocupación y protesta por los cierres", protesta en un comunicado el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, gobernado por CiU. Otras localidades como Castellbisbal o Badia del Vallès han convocado protestas y manifestaciones que acabaron con los vecinos encerrados en el centro de la localidad. "Nos quieren dejar sin centro", señala Javier García, vecino de Castellbisbal empleado en el centro sanitario. "Y las urgencias más cercanas están a decenas de kilómetros en una carretera llena de curvas. De noche puedes tardar más de 40 minutos. Si hay alguna urgencia... no llegará", avisa.
Día sí y día también en las principales ciudades catalanas hay manifestaciones de batas blancas para protestar contra los recortes. No solo porque los profesionales del sector consideren que los recortes son insostenibles, sino porque la reducción de los conciertos sanitarios está llevando a las entidades que gestionan hospitales y ambulatorios a reducir plantillas e incluso plantear expedientes de regulación de empleo (ERE) a los trabajadores.
CC OO ya ha contado 13 centros hospitalarios que han amenazado con presentar un ERE si no se aprueban cambios en las condiciones laborales de los trabajadores. Navarro recuerda que, en la mayoría de las ocasiones, la asunción de esas condiciones por parte de los trabajadores no garantiza que la entidad que gestiona el hospital acabe optando por los despidos. Ayer mismo UGT, por ejemplo, denunció otro expediente para 150 trabajadores del consorcio sanitario de Terrassa, mientras que los trabajadores del Hospital del Mar de Barcelona protestaban por otro ERE que afecta a 194 empleados.
El CAP como trinchera.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/cap-como-trinchera-1093897
RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS LA REACCIÓN DE LOS AFECTADOS
El CAP como trinchera
Decenas de vecinos toman un ambulatorio de L'Hospitalet para protestar por su cierre
Los jubilados duermen allí desde el jueves
Martes, 26 de julio del 2011
DAVID PLACER
L'HOSPITALET
Hace más de 30 años, en plena transición democrática, tomaron las calles y plazas, cortaron el tráfico y levantaron pancartas para exigir la apertura de un ambulatorio en el barrio. Hoy, en plena transición hacia un Estado del bienestar con tijeretazo, repiten la operación para evitar que cierren la atención primaria por la que tanto lucharon hace 30 años. Los vecinos del barrio de Sant Feliu, en L'Hospitalet, casi se habían olvidado de lo que era una protesta callejera y de cómo se cortaba una calle. Estos días, están refrescando la memoria.
Unas 200 personas se han puesto en pie de guerra en el ambulatorio para protestar contra el primer cierre del CAP del barrio cuya sede más reciente fue inaugurada en 1992. Nunca había cerrado sus puertas, pero desde el viernes pasado y hasta el 12 de septiembre la Generalitat ha decidido cerrarlo para recortar gastos. Los vecinos temen de que, meses después, venga otro cierre, el definitivo y por ello han decidido encerrarse en el local desde el jueves pasado. Los manifestantes no son incendiarios ni ruidosos indignados. Casi todos son octogenarios que a duras penas logran mantenerse despiertos en sus vigilas nocturnas.
Saben perfectamente que la crisis siempre revienta por el lado más débil y esta vez les tocó a ellos. «Todos los servicios de L'Hospitalet se reducirán en verano pero ninguno cerrará. Solo este. Claro, teníamos que ser nosotros, el barrio más apartado, de los más pobres y olvidados», explica Jaime, de 66 años. «Nos han dicho que tenían que cerrar para ahorrar. Pero los médicos y el personal han sido repartidos todos entre los ambulatorios de Sant Ildefons y Just Oliveres. Entonces ¿Cuál es el ahorro? ¿El de la luz?», se pregunta Félix Teresa, de 66 años.
Los vecinos, que ya sufrieron un recorte de médicos hace unos meses, dicen que no están dispuestos a aceptar el cierre del CAP ni siquiera de forma temporal. Ayer, algunos jubilados propusieron medidas drásticas como el corte de la Ronda de Dalt. «Nosotros fuimos, en épocas de Franco, a exigir al ayuntamiento a que nos pusieran luz en el barrio. Ahora tenemos que volver a la calle, a pasar la noche en el CAP, para que no se nos lleven a los médicos», cuenta Alfonso Felguera.
3.500 ancianos
El cierre del ambulatorio representa un duro golpe para un barrio con unas 7.000 personas, la mitad de las cuales son jubilados. Para ir al centro de la ciudad de forma directa solo cuentan con las líneas L10 y L85 que pasan entre 20 y 25 minutos, lo que puede llegar a suponer unas dos horas en total. Algunos de los vecinos ya comenzaron hoy las visitas a los centros de atención alternativos. Valeriano Solera, de 77 años, que depende de su silla de ruedas para movilizarse, acompañó a su mujer para que le pusieran una inyección al CAP de Sant Ildefons. Dado que el ambulatorio pertenece a Cornellà, tuvo problemas. «No le querían poner la inyección. Tuvimos que pelear con ellos», explicó Valeriano que ha pasado todas las noches en el CAP pero no se ha quedado a dormir porque no puede ir solo al lavabo.
Cada vez que tiene que ir a un especialista, sus médicos le daban una autorización para el traslado en ambulancia. Pero ahora, dice, para obtener el permiso para el traslado va a tener que trasladarse hasta el centro de L'Hospitalet. Explica que seguirá yendo a las protestas hasta que la administración lo deje de considerar un número que ajustar. Entonces volverá a pasar sus tardes como antes y solo irá al CAP para ser atendido.
RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS LA REACCIÓN DE LOS AFECTADOS
El CAP como trinchera
Decenas de vecinos toman un ambulatorio de L'Hospitalet para protestar por su cierre
Los jubilados duermen allí desde el jueves
Martes, 26 de julio del 2011
DAVID PLACER
L'HOSPITALET
Hace más de 30 años, en plena transición democrática, tomaron las calles y plazas, cortaron el tráfico y levantaron pancartas para exigir la apertura de un ambulatorio en el barrio. Hoy, en plena transición hacia un Estado del bienestar con tijeretazo, repiten la operación para evitar que cierren la atención primaria por la que tanto lucharon hace 30 años. Los vecinos del barrio de Sant Feliu, en L'Hospitalet, casi se habían olvidado de lo que era una protesta callejera y de cómo se cortaba una calle. Estos días, están refrescando la memoria.
Unas 200 personas se han puesto en pie de guerra en el ambulatorio para protestar contra el primer cierre del CAP del barrio cuya sede más reciente fue inaugurada en 1992. Nunca había cerrado sus puertas, pero desde el viernes pasado y hasta el 12 de septiembre la Generalitat ha decidido cerrarlo para recortar gastos. Los vecinos temen de que, meses después, venga otro cierre, el definitivo y por ello han decidido encerrarse en el local desde el jueves pasado. Los manifestantes no son incendiarios ni ruidosos indignados. Casi todos son octogenarios que a duras penas logran mantenerse despiertos en sus vigilas nocturnas.
Saben perfectamente que la crisis siempre revienta por el lado más débil y esta vez les tocó a ellos. «Todos los servicios de L'Hospitalet se reducirán en verano pero ninguno cerrará. Solo este. Claro, teníamos que ser nosotros, el barrio más apartado, de los más pobres y olvidados», explica Jaime, de 66 años. «Nos han dicho que tenían que cerrar para ahorrar. Pero los médicos y el personal han sido repartidos todos entre los ambulatorios de Sant Ildefons y Just Oliveres. Entonces ¿Cuál es el ahorro? ¿El de la luz?», se pregunta Félix Teresa, de 66 años.
Los vecinos, que ya sufrieron un recorte de médicos hace unos meses, dicen que no están dispuestos a aceptar el cierre del CAP ni siquiera de forma temporal. Ayer, algunos jubilados propusieron medidas drásticas como el corte de la Ronda de Dalt. «Nosotros fuimos, en épocas de Franco, a exigir al ayuntamiento a que nos pusieran luz en el barrio. Ahora tenemos que volver a la calle, a pasar la noche en el CAP, para que no se nos lleven a los médicos», cuenta Alfonso Felguera.
3.500 ancianos
El cierre del ambulatorio representa un duro golpe para un barrio con unas 7.000 personas, la mitad de las cuales son jubilados. Para ir al centro de la ciudad de forma directa solo cuentan con las líneas L10 y L85 que pasan entre 20 y 25 minutos, lo que puede llegar a suponer unas dos horas en total. Algunos de los vecinos ya comenzaron hoy las visitas a los centros de atención alternativos. Valeriano Solera, de 77 años, que depende de su silla de ruedas para movilizarse, acompañó a su mujer para que le pusieran una inyección al CAP de Sant Ildefons. Dado que el ambulatorio pertenece a Cornellà, tuvo problemas. «No le querían poner la inyección. Tuvimos que pelear con ellos», explicó Valeriano que ha pasado todas las noches en el CAP pero no se ha quedado a dormir porque no puede ir solo al lavabo.
Cada vez que tiene que ir a un especialista, sus médicos le daban una autorización para el traslado en ambulancia. Pero ahora, dice, para obtener el permiso para el traslado va a tener que trasladarse hasta el centro de L'Hospitalet. Explica que seguirá yendo a las protestas hasta que la administración lo deje de considerar un número que ajustar. Entonces volverá a pasar sus tardes como antes y solo irá al CAP para ser atendido.
La sanidad, al rojo vivo.
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/sanidad-rojo-vivo-1093921
ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA
RECORTES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS LA REACCIÓN DE LOS AFECTADOS
La sanidad, al rojo vivo
El personal del Hospital del Mar recorta su huelga para no perjudicar a los usuarios
Vecinos de varios municipios se movilizan para defender sus consultorios de barrio
El metódico silencio adoptado por la Conselleria de Salut para ejecutar el notable recorte económico que está aplicando en la sanidad pública, proceso que acompaña de la fulminante renovación de cargos directivos en todo el sistema, no consigue disuadir a los ciudadanos afectados, que se esfuerzan por mantener activos sus apreciados servicios. La aplicación de las medidas de ahorro es tan callada que incluso ha dejado a criterio de las direcciones de algunos centros de asistencia primaria (CAP) la coordinación de sus horarios veraniegos. «No sabemos cuántos cerrarán de noche en agosto -informó ayer un portavoz de Salut-. Se organizan entre ellos, los que están más cercanos». Y agregó: «Es lo que han hecho todos los veranos».
Ayer se movilizaron los médicos y enfermeras del Hospital del Mar y del de la Esperança, de Barcelona, objeto de una inminente reducción de plantilla; mantuvieron su protesta diurna y nocturna los usuarios del centro de asistencia primaria (CAP) Sant Feliu, de L'Hospitalet de Llobregat, que se oponen a que el servicio cierre, y viajaron hasta el departamento de Salut una treintena de vecinos de Breda (Selva), vestidos con camisetas alusivas a la supresión nocturna de su único CAP. «Nos han dicho que si nos ponemos enfermos de noche vayamos al CAP de Santa Coloma de Farners», se quejaban. Siguen activas, asimismo, las protestas de vecinos de Castellbisbal (Vallés Occidental) y Poblenou, en Barcelona, por idénticos motivos.
AGOSTO, PEOR
El rechazo ciudadano a los cierres temporales o definitivos de sus servicios sanitarios es una acción espontánea que se inicia cuando un grupo de afectados decide exponer en público el malestar que antes ha expresado en casa. «Esto no ha hecho más que empezar», dijo Manuela, usuaria de un CAP de Santa Coloma de Gramenet. «Nos han dicho que en agosto será peor».
La reducción de los servicios de atención médica continuada y urgente, una red que fue eficaz, dotada de tecnología radiodiagnóstica y laboratorios de análisis, es el principal motivo de queja pública. El criterio seguido aquí por Salut prevé el cierre de lo «excesivamente» próximo: los centros cercanos a un gran hospital, y el 50% de los que se distribuyeron geográficamente. La idea es que los usuarios se desplacen hasta los servicios que sigan activos.
Esos cierres no se anuncian. Se producen. Salut ha decidido «modificar el horario» -eufemismo que significa suprimir la actividad nocturna- en 56 CAP, informó ayer. Otros 32 centros cerrarán durante la noche, pero indicarán en un cartel o telefónicamente el número del móvil del médico, que de ser necesario acudirá al domicilio del enfermo. Otras 22 unidades de asistencia primaria quedan directamente suprimidas, y los usuarios tienen que desplazarse a la más cercana.
MENOS PARO
Aunque habían anunciado una huelga continuada de cinco días, de lunes a viernes de esta semana, los médicos y enfermeras del Hospital del Mar acordaron ayer limitar el paro para no perjudicar a los usuarios. La huelga afectó únicamente a las consultas externas entre las 9 y las 11, y de las 15 a las 17 horas. El resto del hospital funcionó con normalidad. La acción, que intenta evitar la ejecución de un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondrá el cese de 190 empleados -de ellos, 40 médicos y 70 enfermeras-, se repetirá mañana si no avanza la negociación.
«Este ERE, de momento nos afecta a nosotros, pero si se aplica los perjudicados serán los usuarios -advirtió el nefrólogo Josep Maria Puig, presidente del comité de empresa del Mar-. Es evidente que si cierran quirófanos y despiden personal sanitario, los enfermos esperarán más, habrá gente muy fastidiada que no será atendida, y habrá muertes».
Otros hospitales públicos concertados preparan sus ERE, según el sindicato Metges de Catalunya. El Hospital Mutua de Terrassa, el de Vic y el de Igualada, entre otros, estudian medidas similares, agregó.
Martes, 26 de julio del 2011
diumenge, 24 de juliol del 2011
dijous, 21 de juliol del 2011
Imatges de les manifestacions: No a les retallades.
Manifestació al Barri de Sant Antoni, Barcelona.
Manifestació davant de l'Hospital Clínic de Barcelona.
divendres, 15 de juliol del 2011
Boi Ruiz asegura que la sanidad necesita más dinero y que saldrá del ciudadano.
http://www.lavanguardia.com/politica/20110715/54185867757/boi-ruiz-asegura-que-la-sanidad-necesita-mas-dinero-y-que-saldra-del-ciudadano.html
Boi Ruiz asegura que la sanidad necesita más dinero y que saldrá del ciudadano
El conseller de Salut no ve más remedio que imponer tasas o incrementar impuestos para evitar la 'italianización' de la sanidad catalana
Política 15/07/2011 - 15:32h
Girona (EUROPA PRESS) El conseller de Salut de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, ha abierto la puerta este jueves a que los ciudadanos tengan que pagarpor financiar la sanidad pública catalana en un futuro. "Reafirmo que queremos más dinero para la sanidad catalana, queremos lo que nos corresponde por fiscalidad, por justicia nos toca más dinero", ha afirmado durante una conferencia en Tribuna de Girona sobre 'Sostenibilidad y progreso de la sanidad catalana', aunque otro debate, ha dicho, es si la sanidad pública necesita más dinero, a parte del que le corresponde.
El conseller ha afirmado que la sanidad necesita más dinero, aunque se tendrá que ver de qué manera se consigue: "Puede ser con tasas o con un incremento de impuestos, pero siempre saldrá del bolsillo del ciudadano". Hay que defender la opción de más dinero con realismo, ha detallado, ya que los recursos están dentro del sistema y los que salgan de éste tendrán que aplicarse de nuevo en la sanidad.
Durante su exposición, en la que ha fotografiado el sistema sanitario catalán, también ha afirmado que no quiere una "italianización" de la sanidad pública catalana y tampoco que se entre en "lo deficitario" de Grecia.
Así, en su opinión, si se quiere evitar alguna de estas dos situaciones, el ciudadano tendrá que ser paciente y esperar más, además de desplazarse un poco más. Además, para equilibrar la situación complicada de la sanidad -"de tormenta"-, el conseller también ha pedido un esfuerzo a los agentes sociales.
Ruiz ha abogado por que se trabaje con realismo y reformismo, y ha expuesto que las reformas son necesarias para garantizar estabilidad: "Hay que regenerar ciertas cosas que habían quedado al margen, todo esto con la idea de más visión que retrovisión, más hacia el futuro".
En relación al realismo, también ha mostrado su preocupación por el concepto que tiene la sociedad sobre el sistema de sanidad pública porque "el ciudadano no le tiene un aprecio, no se identifica con el sistema".
Boi Ruiz asegura que la sanidad necesita más dinero y que saldrá del ciudadano
El conseller de Salut no ve más remedio que imponer tasas o incrementar impuestos para evitar la 'italianización' de la sanidad catalana
Política 15/07/2011 - 15:32h
Girona (EUROPA PRESS) El conseller de Salut de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, ha abierto la puerta este jueves a que los ciudadanos tengan que pagarpor financiar la sanidad pública catalana en un futuro. "Reafirmo que queremos más dinero para la sanidad catalana, queremos lo que nos corresponde por fiscalidad, por justicia nos toca más dinero", ha afirmado durante una conferencia en Tribuna de Girona sobre 'Sostenibilidad y progreso de la sanidad catalana', aunque otro debate, ha dicho, es si la sanidad pública necesita más dinero, a parte del que le corresponde.
El conseller ha afirmado que la sanidad necesita más dinero, aunque se tendrá que ver de qué manera se consigue: "Puede ser con tasas o con un incremento de impuestos, pero siempre saldrá del bolsillo del ciudadano". Hay que defender la opción de más dinero con realismo, ha detallado, ya que los recursos están dentro del sistema y los que salgan de éste tendrán que aplicarse de nuevo en la sanidad.
Durante su exposición, en la que ha fotografiado el sistema sanitario catalán, también ha afirmado que no quiere una "italianización" de la sanidad pública catalana y tampoco que se entre en "lo deficitario" de Grecia.
Así, en su opinión, si se quiere evitar alguna de estas dos situaciones, el ciudadano tendrá que ser paciente y esperar más, además de desplazarse un poco más. Además, para equilibrar la situación complicada de la sanidad -"de tormenta"-, el conseller también ha pedido un esfuerzo a los agentes sociales.
Ruiz ha abogado por que se trabaje con realismo y reformismo, y ha expuesto que las reformas son necesarias para garantizar estabilidad: "Hay que regenerar ciertas cosas que habían quedado al margen, todo esto con la idea de más visión que retrovisión, más hacia el futuro".
En relación al realismo, también ha mostrado su preocupación por el concepto que tiene la sociedad sobre el sistema de sanidad pública porque "el ciudadano no le tiene un aprecio, no se identifica con el sistema".
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